¿Cuándo entra en vigor la ley de accesibilidad en España?

Es posible que a estas alturas aún no tengas una respuesta clara a la pregunta cuándo entra en vigor la ley de accesibilidad en España. 

El 28 de junio de 2025 entró en vigor la European Accessibility Act (EAA) en todos los estados miembros de la Unión Europea. Por primera vez, la accesibilidad web pasó a ser un requisito legal con consecuencias reales para quien no cumpla la normativa.Y probablemente te hayas encontrado con una información contradictoria que corre por redes sociales y algunos artículos: “tranquilo, tienes hasta 2030”. 

Pero ojo, esa lectura de la normativa es incorrecta. La Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación de las Autoridades de Vigilancia en materia de Accesibilidad (UTAC) lo ha confirmado por escrito. Te contamos qué dice exactamente la Ley 11/2023, qué es la disposición transitoria, y cómo puedes ordenar el cumplimiento con las soluciones de accesibilidad digital de inSuit.

Las fechas clave de la Ley 11/2023

Por si no lo sabías, la arquitectura normativa europea se construye sobre diversas capas: la Directiva 2019/882/UE (EAA), que armoniza los requisitos de accesibilidad de productos y servicios en el mercado único; la norma técnica armonizada EN 301 549, que define los requisitos técnicos e incorpora las WCAG como base; y las transposiciones nacionales de cada país: 

• En España, la Ley 11/2023.
• En Italia, el Decreto Legislativo 82/2022.
• En Francia, la Loi n° 2023-171 y normativa complementaria.

Como decíamos, la Ley 11/2023, de 8 de mayo, es la transposición española de la Directiva (UE) 2019/882, más conocida como European Accessibility Act (EAA). Estas son las tres fechas que necesitas tener presentes para las organizaciones en España:

1. 28 de junio de 2022. Fecha límite de transposición de la Directiva 2019/882 en todos los estados miembros de la UE. España cumplió con la Ley 11/2023, publicada en el BOE el 9 de mayo de 2023.
2. 28 de junio de 2025. Entrada en vigor de las obligaciones principales del Título I. Desde esa fecha, todos los productos y servicios digitales nuevos incluidos en el ámbito de la ley deben cumplir con los requisitos de accesibilidad.
3. 28 de junio de 2030. Plazo adicional. Contra lo que se ha llegado a leer, este plazo no aplica de forma general a servicios digitales. Aplica a productos físicos y a determinados contratos y terminales de autoservicio, en los términos tasados por la disposición transitoria única.

Este pronunciamiento es aplicable a toda la UE, ya que la disposición transitoria proviene del artículo 32 de la Directiva 2019/882, que es idéntico en todos los países. 

En Francia, la DGCCRF lo dice expresamente en su ficha oficial: una web o app no es producto y no entra en la exención. En Italia, aunque no hay pronunciamiento oficial, el argumento se sostiene igualmente con el artículo 32 de la Directiva y el artículo 25 del D.Lgs. 82/2022. 

¿Hay una moratoria hasta 2030 para webs y apps según la disposición transitoria?

No. La disposición transitoria única de la Ley 11/2023 no establece una moratoria general para webs, apps o comercios electrónicos que estuvieran publicados antes del 28 de junio de 2025. Introduce un régimen transitorio limitado, referido principalmente a determinados productos físicos y a contratos de servicios firmados antes de esa fecha.

Esta lectura no es una interpretación de parte. La UTAC — Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación de las Autoridades de Vigilancia en materia de Accesibilidad, creada por el Real Decreto 143/2026 y vinculada a la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad — confirmó que:

• Las páginas web y el resto de servicios digitales dentro del ámbito de la Ley 11/2023 deben ser accesibles desde el 28 de junio de 2025.
• La ampliación hasta 2030 aplica a los productos que ya se utilizaban legalmente para prestar servicios similares antes del 28 de junio de 2025, no a los propios servicios digitales activos.
• La ley entiende por “producto” una sustancia, preparado o mercancía producida por un proceso de fabricación. Una web, una app o un ecommerce no encajan en esa definición.

Producto vs. servicio digital: por qué tu web queda fuera del plazo ampliado

La confusión sobre la supuesta moratoria nace de mezclar dos figuras que la European Accessibility Act distingue con claridad. Y esta distinción es la que determina si tu activo digital tiene o no plazo ampliado.

• Producto (art. 3 de la Ley 11/2023). Sustancia, preparado o mercancía producida por medio de un proceso de fabricación. Ejemplos: cajeros automáticos (ATM), terminales de pago (TPV), smartphones, tablets, ordenadores, equipos de televisión inteligentes.
• Servicio digital. Categoría distinta. Incluye webs, aplicaciones móviles, ecommerce, servicios bancarios, libros electrónicos, servicios de comunicaciones electrónicas y servicios de acceso a medios audiovisuales.

La disposición transitoria única solo amplía el plazo hasta 2030 para determinados productos ya utilizados legalmente antes de junio de 2025, para terminales de autoservicio y para contratos firmados antes de esa fecha. Una web activa, una app en producción o un ecommerce publicado no son “productos”. Están sujetos al plazo general del 28 de junio de 2025.

Excepciones reales de accesibilidad web en España para contenidos y apps

La ley de accesibilidad sí prevé excepciones específicas para determinados contenidos de sitios web y aplicaciones móviles. Están recogidas en el artículo 2, apartado 4, de la Ley 11/2023 y son tasadas. Ninguna de ellas supone una moratoria general. Estas son las excepciones aplicables a la accesibilidad web España:

• Contenidos multimedia pregrabados de base temporal publicados antes del 28 de junio de 2025.
• Formatos de archivo de ofimática publicados antes del 28 de junio de 2025.
• Servicios de mapas y cartografía en línea, cuando la información esencial se proporciona de manera accesible digitalmente para los mapas destinados a navegación.
• Contenidos de terceros que no estén financiados ni desarrollados por el agente económico ni estén bajo su control.
• Contenidos considerados como archivos, entendidos como aquellos que no se actualizan ni editan después del 28 de junio de 2025.

Ojo con la última: si tocas un archivo después del 28 de junio de 2025, deja de ser “archivo” y entra en el ámbito general. En la práctica, cualquier actualización de contenido pulveriza la excepción.

Sanciones por incumplimiento

Aunque la EAA lleva menos de un año en vigor, ya existen indicios significativos de que su aplicación está en marcha. Algunos estados miembros han comenzado a estructurar mecanismos de supervisión y control, y el comercio electrónico es uno de los primeros focos naturales de atención regulatoria.

El régimen sancionador varía por país, pero en general contempla sanciones administrativas, sanciones adicionales por no resolver las no conformidades, sanciones por falta de colaboración con la autoridad supervisora y, en los casos más graves, la retirada del producto o servicio del mercado. Las consecuencias incluyen:

• En España, multas de hasta 1.000.000 € en los casos más graves.
• En Hungría, multas de hasta el 5 % de la facturación neta anual.
• En Italia, para grandes empresas, multas de hasta el 5 % del volumen de negocio.
• En Irlanda, en supuestos graves, penas privativas de libertad de hasta 18 meses.

La responsabilidad recae sobre el prestador del servicio final, aunque utilice soluciones tecnológicas de terceros. Si un proveedor de plataforma no ofrece una solución accesible, la empresa que la utiliza sigue siendo responsable ante la autoridad competente.

Las autoridades nacionales dan mucho peso a las incidencias detectadas por usuarios, a la documentación de verificaciones y a la capacidad de la empresa para demostrar diligencia. Disponer de una auditoría de accesibilidad web y procesos de conformidad pasa a ser una necesidad.

Refuerza la accesibilidad digital de tus activos digitales con inSuit

A estas alturas, la pregunta útil ya no es cuándo entra en vigor la ley de accesibilidad en España. Es cuánto tiempo llevas incumpliéndola y cómo cerrar la brecha antes de la próxima reclamación o inspección. 

El régimen sancionador español remite a la legislación sectorial y, de forma supletoria, al RDL 1/2013. Como te decíamos, las infracciones muy graves alcanzan hasta 1.000.000 €, además de la prohibición de concurrir a ayudas oficiales durante uno o dos años.

En inSuit llevamos más de 12 años ayudando a empresas privadas y organismos públicos a cumplir con el marco normativo español y europeo. Nuestra plataforma inSuit 360™ combina auditoría, remediación, monitorización, formación y certificación en un único entorno. 

En caso de necesitarlo, la auditoría de certificación será llevada a cabo de manera independiente e imparcial por la unidad técnica de auditoría de Everycode S.L., empresa acreditada por ENAC con Nº 593/EI923 bajo la norma ISO 17020 a realizar inspecciones de accesibilidad web y de aplicaciones móviles conforme a la norma técnica europea EN 301549 y su equivalente español UNE-EN 301549.

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