¿Cumples con la accesibilidad web obligatoria pautada para este 2025?

El paradigma de la accesibilidad web obligatoria pasará de ser una buena práctica voluntaria a convertirse en una realidad con exigencia legal ineludible, marcando un antes y un después en el panorama digital.

Esta transformación afectará tanto al sector privado como público, estableciendo requisitos estrictos para garantizar que todas las personas puedan acceder a servicios y productos digitales sin barreras, con sanciones económicas que pueden alcanzar hasta el millón de euros según la gravedad del incumplimiento.

Y es que hasta la fecha actual, numerosas organizaciones han abordado la accesibilidad web como una iniciativa voluntaria basada en buenas prácticas, sin consecuencias legales por incumplimiento. 

Sin embargo, en España, el panorama cambiará radicalmente a partir del 28 de junio de 2025, cuando la accesibilidad legal obligatoria exigirá al sector privado el cumplimiento de requisitos específicos establecidos por la European Accessibility Act (EAA), sumándose al Real Decreto 1112/2018 bajo las pautas WCAG 2.2.

Por primera vez en la historia de la legislación europea sobre accesibilidad, el incumplimiento conllevará sanciones reales y significativas, a diferencia de legislaciones anteriores que carecían de mecanismos sancionadores efectivos.

Esta transición responde a la creciente digitalización de servicios esenciales que ha evidenciado la necesidad de garantizar el acceso igualitario para todos los usuarios. 

Como también ocurre en Latinoamérica, donde existen normativas que marcan la pauta y las exigencias en accesibilidad digital en los distintos países que conforman la región. Esto con la finalidad de poder garantizar la eliminación de barreras en el mundo online para que así se pueda aprovechar al máximo todo lo que ofrece el entorno digital en el que actualmente nos desenvolvemos.

Fundamentos de la inclusión digital: el derecho de una web para todos

La accesibilidad digital constituye un pilar fundamental de la inclusión social, reconocida por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como un derecho humano básico. 

Pero es importante saber que estas normativas no benefician exclusivamente a personas con discapacidad, sino también a otros grupos vulnerables como personas mayores o personas con pocas capacidades tecnológicas.

Razón por la cual, la obligatoriedad responde al reconocimiento de que la igualdad y equidad de oportunidades se garantiza a través de la no discriminación y la accesibilidad universal. 

Además, la accesibilidad web obligatoria, asumida desde una perspectiva de desarrollo productivo e incluso empresarial, puede aumentar, por ejemplo, la tasa de conversión hasta en un 15% en comercios electrónicos con tan solo cumplir con las pautas de accesibilidad establecidas, demostrando que ésta no solo es éticamente correcta, sino también estratégicamente beneficiosa.

Alcance y sectores afectados por la normativa

Administraciones Públicas: marco regulatorio existente

Para las administraciones públicas, las exigencias de accesibilidad web obligatoria no representan una novedad absoluta. El Real Decreto 1112/2018 ya establece exigencias concretas para todo el sector público.

Estos organismos deben garantizar que sus sitios web y aplicaciones móviles sean “perceptibles, operables, comprensibles y robustos”, cumpliendo con la norma y basándose en las WCAG 2.1 nivel AA. 

Además el Real Decreto exige revisiones periódicas, informes de seguimiento y la habilitación de canales para que los usuarios puedan comunicar barreras de acceso. La aplicación de estas obligaciones implica tareas técnicas complejas: desde auditorías de accesibilidad hasta la actualización constante de contenidos y funcionalidades. 

Por ello, resulta imprescindible contar con el apoyo de expertos en accesibilidad y desarrolladores especializados, quienes facilitan la correcta interpretación de la normativa y la implementación de soluciones eficaces. 

Esta experiencia previa en el sector público sin duda sirve como referencia para las empresas privadas que ahora enfrentan obligaciones similares.

Sector Privado: nuevas responsabilidades de cara a la accesibilidad web

Aunque en la actualidad ya existen normativas que establecen obligaciones de accesibilidad para las empresas privadas, como el Real Decreto 193/2023 a nivel estatal y el Decreto 209/2023 en Cataluña, con la entrada en vigor de la Ley 11/2023, que transpone la European Accessibility Act, el marco regulatorio se endurece y amplía tanto en el número de requisitos como en el alcance de las empresas afectadas.

Hasta ahora, las obligaciones podían parecer limitadas a ciertos sectores o empresas de gran tamaño, pero la nueva ley introduce exigencias mucho más estrictas y abarca a un espectro empresarial considerablemente más amplio. 

Prácticamente cualquier organización que ofrezca productos o servicios digitales al público podría verse obligada a cumplir con los nuevos estándares de accesibilidad, independientemente de su sector o tamaño, salvo contadas excepciones. 

Esto implica que muchas empresas que antes no se consideraban afectadas deberán revisar con detenimiento su situación y prepararse para adaptarse a la normativa.

La nueva legislación establece la obligatoriedad de adaptar tanto los nuevos productos y servicios digitales como los ya existentes, en plazos que varían según la naturaleza y antigüedad de cada uno. 

En este contexto, es fundamental que las empresas no den por sentado que están exentas de estas obligaciones. La accesibilidad web deja de ser una cuestión opcional o limitada a grandes corporaciones: se convierte en un reto transversal que afecta a la gran mayoría del tejido empresarial europeo.

Sectores estratégicos con requisitos específicos

Ciertos sectores enfrentan requisitos particulares debido a su importancia en la vida cotidiana. El comercio electrónico debe garantizar procesos de compra accesibles, con información perceptible y navegación operable en sus plataformas digitales. 

La banca y servicios financieros deben asegurar que todos sus servicios para consumidores, incluidas aplicaciones y web, sean completamente accesibles.

El sector del transporte presenta desafíos únicos, ya que las webs, aplicaciones, billetes electrónicos y terminales interactivas de servicios aéreos, ferroviarios, marítimos y por carretera deben cumplir estrictamente la normativa. 

Otros sectores como telecomunicaciones, servicios de comunicación audiovisual, suministro de electricidad, agua y gas, así como agencias de viajes también están específicamente contemplados en la legislación.

Cronograma de implementación y plazos críticos

Fechas clave del marco europeo

El punto de inflexión definitivo llegará el 28 de junio de 2025, cuando la European Accessibility Act entrará plenamente en vigor en todos los países de la Unión Europea. 

Esta directiva, conocida también como Directiva (UE) 2019/882, ha seguido un proceso gradual: el 28 de junio de 2022 fue la fecha límite para que todos los estados miembros integrarán la EAA en sus legislaciones nacionales, mientras que esta misma fecha en 2025 marca el momento en que los organismos supervisores comenzarán a hacer cumplir la normativa.

Transposición nacional: marco jurídico español

España ha transpuesto la EAA mediante la Ley 11/2023, de 8 de mayo, publicada en el BOE el 9 de mayo de 2023. Aunque la ley entró en vigor al día siguiente de su publicación, en su título I, que contiene las disposiciones sobre accesibilidad, especifica que no será aplicable hasta el 28 de junio de 2025. 

Requisitos técnicos y estándares de cumplimiento

Estándares WCAG como fundamento técnico

El pilar técnico de toda normativa de accesibilidad web es el estándar WCAG, actualmente en su versión 2.2, aunque la legislación sigue referenciando oficialmente la 2.1. 

Esta norma establece 86 criterios divididos en tres niveles de conformidad: Nivel A (requisitos básicos), Nivel AA (obligatorio por ley en Europa y España), y Nivel AAA (deseable pero no exigido legalmente).

La legislación española exige específicamente el cumplimiento del nivel AA, lo que significa satisfacer todos los criterios de los niveles A y AA para estar en conformidad con la normativa. 

Es crucial recordar que la W3C ha señalado que cumplir con los requisitos de la WCAG 2.2 garantiza el cumplimiento total de los estándares establecidos en la WCAG 2.1.

Norma UNE-EN 301549 y requisitos adicionales

La Norma UNE-EN 301549:2022 constituye la versión oficial española de la Norma Europea EN 301549:2021, especificando requisitos funcionales de accesibilidad aplicables a productos y servicios TIC. 

Aunque se basa mayoritariamente en las WCAG 2.1, incluye requisitos adicionales que van más allá de este estándar, por lo que el cumplimiento de WCAG 2.1 no garantiza automáticamente la conformidad con esta norma.

Declaración de accesibilidad y transparencia

Desde 2018, las páginas web deben incluir una declaración de accesibilidad obligatoria que a su vez debe ser accesible desde todas las páginas del sitio, actualizarse anualmente cada septiembre, incluir el nivel de cumplimiento, contenidos no accesibles, fecha y métodos de evaluación, y proporcionar un mecanismo de queja para que los usuarios puedan reportar barreras.

Accesibilidad web obligatoria: un cambio significativo en el ecosistema digital

La transformación de la accesibilidad web de recomendación a obligación legal, representa uno de los cambios más significativos en el ecosistema digital europeo.

Esta evolución no solo establece un marco normativo más estricto, sino que también reconoce la accesibilidad digital como un derecho fundamental en la era de la digitalización.

Las organizaciones que se adelanten a estos requisitos no solo evitarán sanciones económicas significativas, sino que también se posicionarán favorablemente en un mercado que cada vez valora más la inclusión y la responsabilidad social corporativa.

El éxito en la implementación de estas medidas requerirá un enfoque integral que combine aspectos técnicos, legales y organizacionales, pero el resultado será un entorno digital más inclusivo y accesible para todos los ciudadanos europeos.