Si trabajas en un ministerio, en un organismo público o en una entidad vinculada, ya habrás oído hablar del nuevo Protocolo de accesibilidad universal en la AGE. Es un documento que cambia la forma en que la Administración General del Estado aborda la accesibilidad.
Deja de tratarla como una revisión puntual de una web o una app y la sitúa como una responsabilidad transversal, medible y recurrente, que atraviesa todos los ámbitos de gestión. En este artículo te explicamos qué es, qué ámbitos cubre y cómo aterrizar la parte digital con los servicios de accesibilidad digital de inSuit.
El Protocolo de accesibilidad universal en la AGE es un documento de trabajo interno promovido por la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con la asesoría técnica de Fundación ONCE e ILUNION Accesibilidad.
Su objetivo es aplicar la accesibilidad universal de forma transversal en los órganos administrativos.
Se ha elaborado a lo largo de 2025 con seis subgrupos de trabajo especializados, formados por personas expertas de la mayor parte de los Ministerios.
Su alcance va más allá del cumplimiento técnico clásico. Incluye la accesibilidad cognitiva para permitir la fácil comprensión, la comunicación y la interacción de todas las personas, y no solo de quienes tienen una discapacidad reconocida.
Beneficia también a personas mayores, personas en situación de dependencia, personas con limitaciones temporales y personas migrantes.
El Protocolo estructura el trabajo en seis ámbitos especializados. Cada uno cuenta con su propio bloque de medidas y su lista de autoevaluación. Este enfoque conecta con la lógica de cumplimiento del RD 1112/2018, que ya obliga al sector público a evaluar y documentar la accesibilidad de forma continuada.
Cubre la captación de talento, la incorporación al puesto, la formación continua y la evaluación de mejora. Incluye la accesibilidad de los procesos de selección, los planes de acogida y el desarrollo profesional de las personas con discapacidad en la Administración.
Aborda el entorno urbano, los accesos a los edificios, los puntos de atención ciudadana, los desplazamientos interiores, la señalización, la evacuación y los edificios protegidos. Es el ámbito clásico de la accesibilidad arquitectónica.
Se centra en la redacción de proyectos normativos accesibles y en la inclusión de la accesibilidad universal en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN). La accesibilidad se integra en el diseño de la norma.
Exige partidas presupuestarias estables para las medidas de accesibilidad universal y establece requisitos para los contratos públicos. Sin financiación asignada, ninguna medida se ejecuta.
Es el ámbito con más peso digital. Cubre la accesibilidad documental (webs, documentos Word y PDF), las herramientas TIC del personal, las redes sociales corporativas y las webs y aplicaciones.
El propio Protocolo pregunta expresamente si la web y las aplicaciones corporativas cumplen con la UNE-EN 301549:2022 (WCAG 2.2, nivel AA), si se hacen revisiones periódicas y si los contenidos descargables son accesibles.
Incluye la atención presencial, la atención mediante canales digitales, la atención telefónica, la publicidad institucional y la mejora continua. Este ámbito atraviesa todos los demás: el ciudadano nunca ve un ministerio, ve un servicio. Puedes profundizar en este punto en nuestro artículo sobre por qué la administración electrónica debe ser accesible.
Aplicar el protocolo implica diagnóstico inicial, planificación, dotación presupuestaria, ejecución de medidas y seguimiento. Los principales retos que ya estamos detectando en las unidades administrativas son estos:
El propio Protocolo incluye una lista de comprobación con preguntas tipo “sí”, “no” o “parcialmente” para cada uno de los seis ámbitos. Es la herramienta de partida que permite identificar carencias concretas y activar medidas de subsanación en un plazo razonable.
En la parte digital, algunas preguntas críticas son:
El número de respuestas afirmativas es el indicador de partida del grado de accesibilidad de cada unidad. A partir de ahí, cada organismo debe elaborar un plan que incluya carencias detectadas, medidas de subsanación priorizadas, recursos humanos necesarios y dotación presupuestaria.
Este último punto es determinante: sin presupuesto asignado, el diagnóstico se queda en papel. En el enfoque de cumplimiento normativo de accesibilidad digital que utilizamos, el diagnóstico y la planificación económica van siempre juntos.
Sí, especialmente en la parte de TIC, atención ciudadana digital y documentación. Una asesoría experta reduce el tiempo de diagnóstico, aporta metodología contrastada y evita errores comunes en la interpretación de la norma EN 301 549 y las WCAG 2.2.
Aporta tres cosas concretas que suelen faltar internamente: capacidad técnica especializada, herramientas de monitorización continua y evidencias documentales para auditorías del Observatorio de Accesibilidad Web (OAW).
El Protocolo de accesibilidad universal es un ciclo continuo en cinco fases: diagnóstico, planificación, ejecución, seguimiento y mejora. Estos son los pasos que recomendamos priorizar en cada unidad de la AGE:
Si buscas material técnico para arrancar por la parte digital, puedes descargar nuestra guía de accesibilidad digital para entidades públicas. ¿Tienes más dudas? ¡Contáctanos sin compromiso! En inSuit somos tu empresa de referencia en accesibilidad digital.
